Por: JAIME ÁLVAREZ LLANOS*

En tiempos en los que la mayor parte de la sociedad colombiana está comprometida en la empresa de construir la paz a través del diálogo y la reconciliación, la comunidad académica y científica tiene la obligación de difundir sus reflexiones aleccionadoras sobre nuestro pasado de violencia. Aunque algunos recomiendan confinar al olvido aquellos hechos, que por bochornosos y reprochables, su evocación, además de resultar tormentosa, nos avergüenza de nuestro pasado, los investigadores creemos que un análisis objetivo de las circunstancias históricas que suscitaron la violencia, contribuye a la generación de una conciencia colectiva que neutralice gradualmente los factores de la violencia misma. Por eso hoy cobra vigencia la revisión de variadas versiones sobre el episodio huelguístico protagonizado por los trabajadores del complejo bananero de la multinacional norteamericana United Fruit Company (U.F.C.), en la margen oriental de la parte baja del Valle del Río Magdalena. La huelga estalló el 11 de noviembre de 1928 y concluyó con la muerte de un número indeterminado de personas en la madrugada del 6 de diciembre de ese mismo año. Este hecho, conocido como la masacre de las bananeras, es probablemente una de las más cruentas páginas de la historia de Colombia durante la primera mitad del siglo XX. 

Ante el lento desarrollo del sector industrial del país, se estaba configurando de manera acelerada un modelo capitalista, cada día más dependiente, basado en los enclaves de explotación de los recursos naturales nacionales a manos de las multinacionales norteamericanas. El complejo bananero era uno de esos enclaves. Así mismo en la década de los veinte se estaban reflejando los efectos de la influencia del movimiento socialista internacional que se abría paso en Colombia a través del surgimiento de las primeras organizaciones políticas con esa orientación, desde finales de la década anterior, con presencia en los primeros sindicatos.

En ese marco, en el que el movimiento obrero y sindical del país estaba adquiriendo una ascendente capacidad de resistencia, los trabajadores de la U.F.C.  tomaron la decisión de paralizar sus actividades productivas, luego de algunos fallidos intentos de acuerdo con los representantes de la compañía, en torno al pliego de peticiones.

En la historiografía más difundida que se ha ocupado del conflicto, se puede constatar también que además de los elementos generales ya mencionados, fueron determinantes unos factores objetivos que no solo motivaron a los obreros a la parálisis, sino que generaron la solidaridad y la vinculación decidida al movimiento, de los otros sectores populares que estaban de una u otra forma afectados por la situación. Al respecto, una investigadora canadiense que se ha dedicado al tema, explica las condiciones materiales que motivaron el levantamiento, así:

“Las acusaciones contra la United Fruit Company, expuestas por los asalariados y por los colonos eran de diversa índole. Los trabajadores asalariados buscaban mejorar sus condiciones de trabajo por medio de la demanda del aumento del sueldo, de la sanción de leyes laborales y de facilidades de salud y vivienda; los colonos centraban sus argumentos primero, en torno al problema de la tierra y, segundo, en torno a la nacionalización de los canales de irrigación y a la abolición de los almacenes de la compañía. La estrecha relación entre colonos y asalariados creó, sin embargo, las bases para una identificación mutua, tal como se expresó en sus movimientos de protestas”. [LEGRAND Catherine. Campesinos y asalariados en la zona bananera de Santa Marta 1900 - 1935. En: BELL LEMUS, Gustavo. (Compilador) El Caribe colombiano. Barranquilla Ediciones Uninorte, 1988. Página 189.]   

Esta gran huelga de 1928, evocada indirectamente por nuestro Premio Nobel en su obra cumbre, Cien años de soledad, constituye el primer cese laboral que involucró en forma multitudinaria a la población campesina. Más de 25.000 personas participaron en la huelga de la United Fruit Company por casi un mes. Las solicitudes de los manifestantes se centraban en el incremento del salario, en la eliminación de contratos de trabajo, en una mejor atención médica etc. El pliego presentado a la compañía por la Unión Sindical no mencionaba los problemás de la tierra, no incluía petición alguna que favoreciera los intereses del campesinado. La única reivindicación que implícitamente los beneficiaba era la abolición de los almacenes de la compañía. A pesar de eso las ligas de colonos se sumaron decididamente a la protesta contra la United Fruit Company.[IBID. Pág. 191.] 

Al estudiar el tejido social que rodeó el conflicto y relacionarlo con el papel de los distintos actores en las circunstancias que paulatinamente determinaron el lamentable desenlace que tuvo la huelga, encontramos que la prensa de Santa Marta apoyó la política estatal de penalización de la protesta. De tal forma, que el ambiente justificativo de la masacre se fue configurando en la medida en que se iba creando, ante la opinión pública ajena al conflicto, la idea de que se trataba de una revuelta urdida con el fin de desestabilizar políticamente al régimen de la hegemonía conservadora. Sin desconocer los alcances de la censura de prensa que se ejercía durante ese régimen, aplicada con mayor rigidez bajo el amparo de la “Ley heroica”, que legitimó tratamiento dado a ese conflicto por el gobierno de turno, hay que decir que los diarios de la capital del Magdalena informaban sobre las acciones de los líderes de la huelga de las bananeras, condenándolas como actividades criminales. 

A Raúl Mahecha, principal líder de la huelga, lo tildaban de comunista y lo señalaban como el responsable directo de las variadas presiones ejercidas sobre los trabajadores de las fincas para que suspendieran las labores. Ante la perspectiva de que la parálisis laboral se prolongaría indefinidamente y desbordaría el orden institucional imperante, calificaban las actuaciones de los líderes de la huelga como subversivas. Los editorialistas de la prensa samaria justificaban abiertamente el uso de la fuerza pública en la huelga. Porque, según ellos, la participación en la huelga de una buena parte de los trabajadores no obedecía en modo alguno a una decisión consciente y voluntaria de éstos, sino más bien a las reiteradas manipulaciones y coacciones que un grupo de <instigadores> ejercía sobre ellos. Al referirse a Mahecha afirmaron:

“Anoche estuvo dictando conferencias y preparando los ánimos, el conocido líder Raúl Mahecha, cuyas hazañas comunistas le han dado cierta celebridad en el país. Parece que de lo que se trata es de impedirles a los trabajadores de las fincas que corten las frutas para el próximo embarque, no obstante, de que éstos, por lo menos los de la United Fruit Company, se muestran dispuestos al trabajo y no quieren atender los consejos de los agitadores bolcheviques. Estamos, pues, en presencia de un paro forzoso, llevado a cabo por la coacción y completamente fuera de las prescripciones de la ley de huelga. Por ese camino van perdidos los directores del movimiento, pues el gobierno tendrá que amparar, por medio de la fuerza si es necesario, los derechos de los dueños de las fincas y de los trabajadores que deseen ir a sus faenas”.[El Estado, Santa Marta. 12 de Noviembre de 1928 Año VIII. Nº 1435 Página 1.]

Antes de la militarización de la zona de la huelga, mientras se complicaban las negociaciones entre la comisión del pliego y la Compañía, la prensa pedía que la policía reforzara la vigilancia en la región. Los periódicos samarios anunciaban con beneplácito que el gobernador había pedido autorización al gobierno central para disponer de la ayuda del ejército. La estrategia de sabotaje al movimiento, que emprendió el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), a través de la militarización y la represión a los huelguistas, en franco apoyo a la Compañía en el conflicto, fue informada en términos aprobatorios por la prensa. Mientras el ejército intensificaba el hostigamiento sobre los trabajadores levantados en paro, deteniendo huelguistas y forzando a algunos trabajadores a laborar con los soldados en los embarques de fruta que lograron despacharse hacia el puerto, la prensa se manifestaba cada vez más en contra del movimiento. Las noticias sobre detenciones de huelguistas y sobre el aumento de la presencia militar en la zona insinuaban que había un sector de trabajadores que no apoyaban el cese y querían laborar. Al respecto el diario El Estado, de Santa Marta emitió, entre el 13 de noviembre y el 5 de diciembre, muchas informaciones, como la siguiente:

“A la una y media de la tarde llegaron a la zona bananera, para ser custodiados en el cuartel de esta ciudad, 370 detenidos que han venido por orden del jefe militar, general Cortés Vargas.  Esta misma tarde según rumores, se esperaba la llegada de otro tren con un número tambien considerables de más detenidos. Por tal motivo la guardia en el cuartel ha sido redoblada y hay soldados en cada una de las cuatro esquinas.  Sabemos que ha llegado a Calamar, procedente de Cartagena listo para embarcarse a la primera orden, un nuevo batallón del ejército. Los trenes han circulado hoy con toda tranquilidad y los detenidos están sindicados de tratar de ejercer presión sobre los que desean trabajar” [El Estado, Santa Marta. 14 de noviembre de 1928. Año VIII. Nº 1437 Página 1].

En medio de la militarización y la agudización del conflicto, por las vacilaciones y dilaciones de los negociadores que en nombre de la Compañía argumentaban que la mayoría de los huelguistas no estaban <vinculados> a la misma por ser empleados de los contratistas, los dirigentes del movimiento impulsaron la toma de la plaza de Ciénaga y de la estación del tren. La propuesta de los líderes de la huelga incluía que tanto trabajadores, como colonos y sus familias, una vez apostados en la plaza, emprendieran una marcha a Santa Marta, sí el Gobernador del Magdalena no cumplía su anunciada promesa de mediar ante la Compañía. La prensa samaria se refirió a estas actividades del movimiento con la misma inclinación tendenciosa con que hasta ese momento había cubierto el conflicto. El Diario El Estado, en su edición del 5 de diciembre, informó que los huelguistas se apoderaron del mercado de Ciénaga. Advirtiendo que no podía comprobar la veracidad de tan diversas noticias que le llegaban sobre la huelga, explicó que el mercado de Ciénaga había sido invadido por cerca de 5 mil hombres, que sólo permitían vender a quienes mostraran un permiso expedido por el sindicato obrero. Tal hecho lo calificaba el diario como un desconocimiento absoluto de las autoridades y como el inicio de un <verdadero régimen bolchevique>. Al respecto el diario samario señalaba entre otras cosas:

“Tambien tenemos informes ciertos de que casi toda la tropa que estaba en la zona ha sido traída a Ciénaga y encuartelada.  Prácticamente puede decirse que no hay autoridades ni civiles ni militares en la región y que los huelguistas son los que dominan la situación” [El Estado, Santa Marta. 5 de diciembre de 1928. Año VIII. Nº 1455 Página 1.].

Posterior a la ocupación de la estación y la plaza por parte de la multitud, lo que vino fue la incertidumbre.  Como la marcha estaba condicionada al incumplimiento del Gobernador y el Gerente de la Compañía, se propuso esperar a que las noticias que enviaran los negociadores desde Santa Marta confirmaran o no la visita de las dos personalidades. El estatismo y la paciencia generada en la multitud ante la orientación sindical de esperar noticias, surtió el extraño efecto en los ocupantes de aferrarse más a la toma hasta sentir que la plaza era un espacio al que no debían renunciar si no se aclaraba plenamente su situación. Como ya se sabe el tiempo pasó inexorablemente. Mientras los comisionados del movimiento mandaban a decir que el Gerente y el Gobernador habían aplazado su decisión de ir a Ciénaga, el Jefe militar de la zona, el general Carlos Cortés Vargas, recibió la orientación del gobierno nacional de apostar sus tropas armadas en el techo de la estación para dar la orden a la multitud de desalojar la plaza en cinco minutos, o sus hombres dispararían indiscriminadamente.

Entre las variadas versiones que hay sobre el momento del fusilamiento másivo, vale la pena citar parte de la magistral narración que, inspirada en las historias que su abuela le contaba cuando era niño en Aracataca, hace García Marquez en “Cien años de Soledad”:

“El capitán dio la orden de fuego y catorce nidos de ametralladora le respondieron en el acto. Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se veían sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento: <Aaaay, mi madre>. Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo, estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio Segundo apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico.  Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio Segundo lo levantó por encima de su cabeza, y se dejó arrastrar, casi en aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la mása desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: - Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo!” [GABRIEL GARCIA MARQUEZ., Cien años de soledad. Editorial Oveja Negra. Página 257]                             

Ochenta y nueve años después no podemos decir cuantas personas murieron en ese genocidio. Pero sí se puede aclarar que, así como se amañó, con la censura y la actitud política tendenciosamente reverente de la prensa, la información sobre la huelga, las noticias sobre las dimensiones de la másacre se ocultaron en los días siguientes al 6 de diciembre de 1928. El gobierno dio a conocer una disposición que prohibía las noticias sobre el hecho y las versiones oficiales trataron de minimizar la magnitud del desastre, reduciendo a cifras increíbles el número de víctimás.  Pero las investigaciones posteriores y la tradición oral, han permitido que la historiografía sobre este hecho aclare un poco más el tamaño de la ignominiosa matanza.  Las versiones orales dan cuenta de que las gentes de Ciénaga, escucharon un camión de la basura, un tren hacia el mar y el pito de un barco, como si llevaran una carga prohibida. El General Cortés Vargas informó a sus superiores sobre nueve muertos tendidos en la plaza., más cuatro que murieron por sus heridas. La gente de la región, sin embrago, cree que fueron cientos los muertos. Raúl Eduardo Mahecha contó que sesenta personas habían sido muertas. Alberto Castrillón, otro líder de la huelga, dijo que cuatrocientos. El embajador de Francia reportó 100; el embajador de los Estados Unidos admitió que la cuenta total podría llegar hasta 1.000. Se dijo que muchos cadáveres fueron llevados en los trenes y echados al mar. Otros fueron enterrados en fosas comunes en una finca cercana.  A la masacre le sucedieron varios días de terror en los que resultaron muertos más obreros. El ejército encarceló a cientos de personas más. Cortés Vargas reportó un total de 47 muertos en diciembre. [LEGRAND, Catherine. La Huelga de las Bananeras En: Nueva Historia de Colombia. Bogotá Editorial Planeta 1989. Página 214-216]

La prensa samaria hizo un severo pronunciamiento contra los instigadores del movimiento huelguístico, atribuyéndoles las <acciones incendiarias> que radicalizaron el discurso y la praxis de los trabajadores hasta el punto de provocar su inmolación colectiva en la plaza de Ciénaga.  Según los periódicos las críticas al general Cortés Vargas eran inconvenientes e improcedentes, porque su actuación militar se justificaba por el grado extremo al que había llegado la alteración del orden público. Según los editoriales durante la huelga se estaban violando los derechos de los propietarios y de los campesinos, que <forzosamente> entraron en paro. A pesar de la prohibición oficial los periódicos se refirieron al hecho para lamentarlo. También hicieron ligeras apreciaciones sobre el holocausto, señalando que las víctimás luchaban por una causa justa, pero al recurrir a medios errados tuvieron que ofrecer sus vidas.  De igual manera justificaban la acción oficial con reflexiones como esta:

“De ahí que haya sido imprescindible para el general Cortes preferir el derramamiento de sangre colombiana al atropello que se hacía permanente en la zona, contra los derechos y garantías establecidos en las leyes.  Santa Marta ha presenciado el proceso de evolución por el cual un simple pedimento de orden económico se ha convertido en la más pavorosa tragedia”  [El Estado, Santa Marta. 8 de diciembre de 1928. Año VIII. Nº 1458 Página 1].

De todas maneras, las medidas represivas, como la censura, no fueron suficientes para ocultar la magnitud del genocidio, ni la responsabilidad del Estado en el mismo. A principios de 1929 en el congreso se denunció el hecho y los parlamentarios liberales presionaron hasta que se nombró una comisión de la Cámara de Representantes para que investigara los pormenores de la matanza. A pesar de que el pánico general que suscitó el genocidio, fue superior al dolor y a la indignación que debían sentir los habitantes de la región, los comisionados del Congreso lograron indagar en algunos testimonios verbales y a través de cartas, que el número de inmolados era inmensamente superior al que reportaban los informes oficiales. De igual manera, la comisión pudo establecer algunas circunstancias en las que se desarrolló el conflicto, hasta determinar que el gobierno, en vez de asumir un papel mediador, siempre estuvo a favor la U.F.C. y en contra de los trabajadores.  En junio de 1929, el por ese entonces, joven y promisorio parlamentario Jorge Eliécer Gaitán, que iniciaba su fulgurante trayectoria política, dio el informe de la comisión a través de una sonada, prolongada y brillante intervención en la que puso en evidencia la innegable responsabilidad del gobierno en el cruento desenlace de la huelga.  La posición de Gaitán frente a la naturaleza del conflicto y su lamentable solución, se puede colegir del siguiente aparte de su elocuente discurso:

“Aparece bien claro que los obreros sí quisieron transigir y fue la compañía la que negóse. La compañía querría seguir explotando a los obreros, a quienes tiene en la miseria. No quería entrar en transacciones y por eso pedía el estado de sitio, lo mismo que el señor Cortés Vargas, para solucionar con la bala un problema económico y defender su miserable codicia. Naturalmente no hay que pensar que el gobierno ejerció ninguna presión para que se reconociera la justicia de los obreros. Estos eran colombianos y la compañía era americana y dolorosamente lo sabemos que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano". [ JORGE ELIÉCER GAITÁN. La masacre en las bananeras 1928. Bogotá, Ediciones Los Comuneros. Página 115.]

Esta oscura página de la historia nacional debe ser aún materia de un debate académico que invite a los colombianos a la reflexión en torno al fomento de valores como la tolerancia y la solidaridad. Y que contribuya a que la historia sea fuente para la fundamentaciòn de una conciencia colectiva contra la violencia y por la defensa de la riqueza material y cultural de la Nación. 

* Profesor de Historia de la Universidad del Atlántico – Doctor y Magister en Historia. E-mail: jaimealvarez@mail.uniatlantico.edu.co